No ha habido suerte. La Comunidad Valenciana no ha tenido suerte con el proyecto Castor: la posibilidad de que en las costas del norte de la provincia de Castellón hubiera un depósito submarino de gas se va esfumando a raíz del informe del Instituto Geográfico Nacional que certifica que hay una relación directa entre los más de 400 seísmos producidos en el año 2013 con las pruebas de inyección de gas que se estaban haciendo para el Proyecto Castor.
En el mundo hay en estos momentos 627 depósitos subterráneos de gas a presión. Las antiguas minas, los acuíferos ya explotados, las grietas y otros espacios que brindan las condiciones del subsuelo se aprovechan en el mundo entero –bajo tierra, bajo el mar, en el subsuelo de ciudades—para guardar el gas que se extrae en unos lugares y que se consumirá en invierno en otros. España tiene un depósito de ese tipo en El Serrablo, en el Pirineo de Huesca, desde 1991; y otro bajo el mar, en Vizcaya, desde 1993. En la provincia de Sevilla habrá tres depósitos subterráneos más y el de Yela, en Brihuega, Guadalajara, va a guardar gas a 2,300 metros de profundidad. En ninguna de estas instalaciones industriales, como en las de Holanda, Francia, Italia y medio mundo, ha habido noticia preocupante alguna: el subsuelo de Berlín, para empezar, aparte los túneles del Metro, alberga depósitos de gas para la ducha mañanera de los vecinos.
Sin embargo, a la ya contrastada mala suerte valenciana en algunos ámbitos, hay que añadir ahora esta del Proyecto Castor. Iban a instalar un gran depósito frente a Vinaroz, a 20 kilómetros de la playa, se iba a crear mucho empleo en toda la costa… pero los técnicos no apreciaron la existencia de una falla no cartografiada en el subsuelo marino. Su presencia, comprobada ahora, va a impedir, probablemente, el desarrollo de un proyecto de dimensión europea. Y probablemente va a generar un pleito entre Enagás y el Estado, en tanto que las condiciones ofrecidas en su día por el Gobierno indican que, en una situación como la que contemplamos, habría que indemnizar a los promotores. O sea pagar de las arcas públicas unos 1.700 millones de euros.
mar de valencia 